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“Las Zidres amenazan la autonomía de los pueblos indígenas”, dice congresista Alirio Uribe

Por: Oficina de prensa Gobierno Mayor

Hace dos años, el 29 de enero de 2016, el presidente de la República Juan Manuel Santos sancionó desde Orucué, Casanare, la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, Zidres, enfocada en incentivar el desarrollo agroindustrial de zonas potencialmente productivas del país, pero que por falta de infraestructura y seguridad jurídica no han salido del estancamiento.

Sin embargo, esta Ley ha tenido fuertes críticas porque podría beneficiar directamente a los grandes empresarios y lesionar a los campesinos y comunidades indígenas.

En ese sentido, por ejemplo, la organización Oxfam, que trabaja contra la pobreza en el mundo, manifestó que “estamos en contra de esta iniciativa legislativa (la Ley Zidres) porque atenta contra los derechos de los campesinos, campesinas y la pequeña producción agraria; porque legalizaría la acumulación irregular de tierras que llevan a cabo tanto personas como empresas; y porque esta concentración aumentaría la desigualdad que hoy sufre Colombia”, puntualizó esa Organización.

Esta Ley puede resultar altamente perjudicial no solo para los campesino, sino para los pueblos indígenas del país que habitan regiones como la Altillanura (Meta, Vicahda y Casanare), Córdoba o Magdalenas donde se podrían implementar las Zidres.

De hecho, a finales de 2015 las organizaciones indígenas de Colombia instauraron una demanda, que fue revisada por la Corte Constitucional, argumentando que la Ley Zidres no había surtido el proceso de Consulta Previa. Según la oficina de prensa del Senado de la República, “Wilson Galindo, Representante de la ONIC, Consejero de planes de vida, manifestó que participó en la audiencia del proyecto de Ley realizada en La Primavera, Vichada, y evidenció que esa audiencia no constituye consulta y que en ese sentido, el Proyecto vulnera los derechos y pretensiones que como pueblos indígenas tienen de ampliación, constitución o saneamiento de resguardos”.

Al final la Corte Constitucional falló a favor del Gobierno argumentando que el proceso de Consulta Previa con los resguardos indígenas sí debía realizarse pero de manera individual, en los territorios donde se vayan a implementar estas zonas de desarrollo rural.

El equipo de Comunicaciones de Gobierno Mayor habló respecto a este tema con el Representante del Polo Democrático en la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, quien manifestó que “la Corte Constitucional lo que hizo fue hacerle el juego a los grandes empresarios y a los que promueven las Zidres, sacrificando los derechos de los pueblos indígenas… indudablemente que hay un retroceso de la Corte Constitucional en ese fallo”, concluyó el congresista.

Uribe también expresó que “es indudable que las Zidres amenazan la autonomía de los pueblos indígenas, amenazan el territorio, el modelo de desarrollo propio que ellos tienen, sus planes de vida”. Y dijo que “lo que esperamos es que podamos hacer un control ciudadano, político, técnico, sobre estos temas para evitar un mayor impacto hacia los pueblos indígenas”.

La acción más reciente que se realizado en vísperas de poner a funcionar las Zidres se con el documento emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en donde se establecieron las áreas potenciales en Colombia para establecer estas zonas.

Frente a este punto, el diario El Espectador publicó un artículo titulado ‘Trazando el camino a las Zidres’, en el cual entrevistó a Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –Upra-, adscrita al Ministerio de Agricultura y brazo técnico en esta discusión.

Una de las preguntas fue: “¿Cómo se tuvieron en cuenta en esta identificación de áreas potenciales los resguardos indígenas o las zonas de reserva campesina que están en proceso de constitución, y los páramos que todavía están por delimitar?”. En su respuesta Fonseca dijo que “en el artículo 29 de la ley son expresas las restricciones a territorios colectivos y zonas de reserva campesina. Resguardos indígenas y reservas de Ley 70 son una exclusión que quedó definida en el decreto reglamentario. La ley también dice que se deben excluir resguardos indígenas en proceso de constitución, lo que hizo el decreto reglamentario fue determinar a qué se refiere con proceso de constitución, aclara que se entiende a aquellos resguardos que cuenten con un estudio socioeconómico y concepto favorable emitido por la autoridad competente al momento de ser expedida la ley de zidres. El ejercicio de áreas de referencia como insumo para a la identificación de zidres acude a la aplicación precisa de precaución frente a áreas o ecosistemas estratégicos, no solamente delimitados, porque hay muchos ecosistemas delimitados, pero también ecosistemas que, pese a que están delimitados, no están declarados. Entonces llevamos más de un año solicitando información a las autoridades ambientales, a las corporaciones autónomas, al Ministerio de Agricultura, Parques Nacionales, para poder determinar cuáles son esos ecosistemas estratégicos, y los hemos excluido pese a que no estén declarados”.

Pero las afirmaciones del director de la UPRA podrían estar llenas solo de buenas intenciones. Según la abogada Jhenifer Mojica “la restricción normativa de proyectar ZIDRES en territorios étnicos es burlada por la falta de información precisa sobre los territorios que están en proceso de constitución o reconocimiento, y de los territorios ancestrales cuyas demandas históricas ni siquiera han iniciado a atenderse”, dice su artículo publicado en la Silla Vacía.

Mojica también escribió que “la sentencia de la Corte Constitucional (C-077/17) excluyó los territorios étnicos de indígenas y negros que están en proceso de constitución, y no se pronunció respecto a las Zonas de Reserva Campesina que están en proceso de constitución”. De igual manera, “El CONPES no excluye de las zonas para la constitución de ZIDRES aquellas donde se dio despojo y abandono de tierras por desplazamiento forzado de la población en el marco del conflicto armado. Lo cual está establecido legal y constitucionalmente como una causal de restricción para las ZIDRES, aquellas tierras con medidas de protección (individuales o colectivas) y aquellas reclamadas por las víctimas campesinas y étnicas en procesos de restitución de tierras de la ley 1448/11”, concluye la abogada Jhenifer Mojica.

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